El éxodo prematuro: otra vez se van las joyas antes de debutar
El fútbol argentino mira con mezcla de resignación e irritación un fenómeno que vuelve a repetirse: talentos que emigran antes de siquiera estrenarse en la Primera División. El caso que acapara los medios es el de Luca Scarlato, volante ofensivo de la séptima división de River. Con 15 años, 16 goles en 2025 para la Séptima y el traslado a Italia con su familia para continuar su carrera en Parma, Scarlato partirá justo antes de cumplir 16, la edad a partir de la cual puede firmar contrato profesional. Su salida no dejará ingresos importantes para el club de Núñez: abrirá, en cambio, una herida en la estructura formativa.
Patria potestad: herramienta legal que redefine trayectorias
Scarlato se marcha amparado por la llamada patria potestad —en el Código Civil argentino, artículo 264, definida como “el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos”—, un instituto jurídico ajeno al deporte que, con el tiempo, encontró aplicación en el mercado futbolístico. Padres seducidos por ofertas del exterior —a menudo con promesas laborales, mejoras económicas para la familia o la intervención de representantes— usan esa facultad para decidir el futuro de sus hijos “velando por sus intereses”. En la práctica, significa salidas tempranas con cobertura legal y motivaciones tanto deportivas como económicas.
La reacción de la AFA
Ante lo que define como un “abuso sistemático” o incluso “un robo legal”, la AFA empezó a diseñar una norma inédita. El proyecto, anunciado tras la partida de Scarlato, propone dejar sin convocatoria a las selecciones juveniles a quienes abandonen el país amparados en la patria potestad. Es una decisión política clara: quien opta por la salida unilateral pierde, temporalmente, el privilegio de vestir la albiceleste.
Limitaciones legales y desequilibrios económicos
El problema tiene raíces legales y económicas. Los clubes argentinos sólo pueden firmar contratos profesionales desde los 16 años, y ese primer vínculo puede ser como máximo de tres temporadas. Resultado: las instituciones invierten años en formación sin garantías firmes de retener a sus promesas.
En la balanza entra también la justicia, que mientras no exista un contrato profesional firmado suele priorizar el vínculo familiar sobre el deportivo, favoreciendo al jugador menor y, eventualmente, al club más poderoso que organice su salida.
Derechos de formación y solidaridad: el peaje internacional
Como contrapartida a la libertad de movimiento —y en reacción al fallo Bosman— la FIFA instituyó en 2001 los derechos de formación (DDF). Mariano Clariá, abogado especializado en derecho deportivo, explica a LA NACION que el DDF busca compensar a los clubes formadores por la inversión hecha entre los 12 y los 21 años.
- El DDF se paga cuando el futbolista firma su primer contrato profesional y también cuando es transferido internacionalmente hasta los 23 años.
- El monto se calcula según una tabla de la FIFA: por ejemplo, un club de Categoría 1 de la UEFA debe abonar 90.000 euros por cada año de formación.
Eso convierte al DDF en un obstáculo: para un joven de 18 años que queda libre en Argentina y pretende emigrar a una segunda división europea, esos importes suelen desincentivar la contratación. Además, existe el mecanismo de solidaridad: el comprador abona el total de la transferencia y destina un 5% que se distribuye entre los clubes formadores (si pertenecen a asociaciones distintas), según franjas etarias:
- Por cada temporada entre los 12 y los 15 años: 0,25% del valor del pase.
- Por cada año entre los 16 y los 23 años: 0,5% del valor del pase.
Así se busca reconocer el trabajo de base, aunque en la práctica el sistema no siempre funciona de manera justa ni equilibrada.
Casos que ilustran la paradoja
La historia reciente ofrece muchos ejemplos. Entre los jóvenes que salieron temprano figuran Matías Soulé (de Vélez a Juventus), Giuliano Simeone (de River al Atlético de Madrid), Tiago Geralnik (de River a Villarreal B) y Benjamín Garré (de Vélez al Manchester City). Hace tres décadas, el primer gran caso argentino fue el de Esteban Cambiasso, que dejó Argentinos Juniors rumbo al Real Madrid.
Un ejemplo concreto del funcionamiento de los mecanismos económicos: el Club Náutico Fitz Simón, de Embalse (Córdoba), comprobó que Nahuel Molina pasó por sus filas antes de sumarse a Boca a los 11 años; en 2024 recibió más de 33 millones de pesos cuando el lateral derecho fue transferido al Atlético de Madrid desde Udinese.
El caso Messi
Lionel Messi contó en Luzu TV su intento de paso por River y cómo terminó en Barcelona a los 12 años. Newell’s recibió luego un 0,66% por sus derechos de formación; en 2020, si se hubiera concretado una venta al Manchester City, ese porcentaje habría significado 1,32 millones de dólares —y, en un supuesto de ejecución de la cláusula de 700 millones, 4,62 millones— cifras que finalmente quedaron en el terreno de la especulación.
Historias que revelan el lado oscuro
Un caso estremecedor es el de un joven arquero argentino que pidió preservar su identidad “porque tengo miedo de que me maten”. Llegó a un club de la antigua B Nacional a los 16, sin contrato y sin ficha oficial durante dos años. Tras entrenarse solo durante la pandemia, su familia invirtió 5.000 dólares para llevarlo a Europa, donde recaló en un club belga. Los directivos lo querían, pero advirtieron: “venís de un país corrupto; tarde o temprano vamos a tener problemas por los derechos de formación”.
La premonición se cumplió: seis meses después la FIFA emitió una factura por 87.750 euros reclamada por el club argentino que lo había tenido de forma marginal. Para la entidad belga, ese monto fue un golpe que casi deja al joven sin equipo. Finalmente el club pagó y el arquero pudo jugar, pero la experiencia expone cómo el DDF puede convertirse en una mochila financiera que asfixia carreras.
Críticas y propuestas
Desde FIFPro —el sindicato mundial de futbolistas liderado por el argentino Sergio Marchi— la crítica es contundente: el sistema vulnera la libertad de movimiento y transforma a los jóvenes en “rehenes” de sus clubes hasta los 23 años. La propuesta que plantean es crear un fondo general de compensación de formación financiado, por ejemplo, con un porcentaje de las tarifas de transferencias o de los ingresos comerciales de competiciones internacionales. Un fondo así repartiría recursos a los clubes formadores sin cargar la obligación financiera sobre el nuevo club del jugador.
En la vereda local, la respuesta de la AFA busca proteger el patrimonio de las instituciones argentinas —la inversión en pensiones, viáticos y entrenadores—, pero la sanción propuesta (excluir de las selecciones a los que se van por patria potestad) suma una presión adicional sobre el joven, que queda entre la ambición de los clubes, la voluntad de los agentes y los derechos legales como menor.
Una paradoja persistente
Mientras no se armonicen los criterios entre la ley civil, los reglamentos de la FIFA y la realidad económica de los países formadores, el fútbol argentino seguirá produciendo contradicciones dolorosas: chicos que en la cancha son “cracks” y en los escritorios se transforman en “problemas financieros”. Como resume la queja de un padre: “¿De qué derechos de formación hablan cuando son los padres los que pagan mes a mes los entrenamientos en juveniles? El que no paga, no se entrena”. La frase resume el absurdo de una industria que a veces tasó los sueños antes de que estos siquiera se empiecen a cumplir.