Como Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales IRI-Colombia, hemos comprobado en nuestro trabajo cotidiano en los territorios más deforestados, la urgencia de proteger la vida y la obra de los defensores ambientales.

Estas personas son hoy el nexo indispensable para mantener y restaurar la armonía y el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. En este sentido saludamos la decisión del Presidente de la República, Dr. Iván Duque, de someter a aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, el que por primera vez define a nivel global el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los conflictos socioambientales.

Nuestro Congreso tiene hoy la enorme responsabilidad histórica de aprobar el primer tratado internacional que reconoce y garantiza la protección de las y los defensores del medio ambiente y la tierra, y estamos seguros que actuarán a la altura de su trascendencia para el futuro de Colombia y la Humanidad.

La esencia de este Acuerdo se conecta con el espíritu de la Carta Encíclica Laudato Si’, del Santo Padre Francisco, que nos recuerda que, “merecen una gratitud es­pecial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación am­biental en las vidas de los más pobres del mundo“A lo que se agrega el hecho conmovedor de poder comprobar que  cada vez es mayor la participación ética y comprometida de la juventud de nuestra sociedad, en esta noble causa.

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El año pasado, según cifras de ONG británica Global Witness que se encarga de llevar esta dolorosa contabilidad en el mundo, se informó que en Colombia 64 defensores del medioambiente perdieron su vida debido a las amenazas que recibieron por su sagrada labor basaba en la preservación y respeto por la naturaleza.

De allí la importancia de que nuestro Congreso ratifique con celeridad este Acuerdo ya firmado por el Ejecutivo, pues ofrecerá herramientas adicionales frente a las obligaciones generadas por Sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que llaman a reconocer los derechos de los ríos y los bosques y que, al mismo tiempo, nos permitirá avanzar en la construcción de espacios conjuntos participativos e intergeneracionales, entre el Estado y la Sociedad Civil.

En este sentido, consideramos muy importante el mensaje de urgencia que acompaña esta decisión, pues marca un interés por unir con seriedad los esfuerzos que se adelantan en el país con el propósito de mejorar la efectividad y capacidades de las autoridades judiciales y administrativas, encargadas de velar por la vigencia del derecho humano a defender el ambiente y de garantizar su ejercicio sin discriminaciones y en condiciones de seguridad.

 

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Este tratado que ya ha sido apoyado por nueve países de la región, es de vital importancia para Colombia porque contribuye al fortalecimiento del marco jurídico nacional y a la construcción de una ciudadanía ambiental, libre, educada y participativa, comprometida en las causas de la justicia ambiental.

Si bien en nuestra rica legislación ambiental ya existen claras obligaciones para la protección de la vida y el medio ambiente, este Pacto eleva a nivel de compromiso internacional normas de convivencia, respeto y abordaje de la transformación de los conflictos socioambientales, que todas las empresas que quieran adelantar proyectos que pueden afectar el equilibrio ecosistémico, están obligadas a cumplir.

Y este punto es clave para evitar que Colombia siga siendo el país de la región con el mayor número de conflictos  socioambientales, pues según el Atlas Global de Justicia Ambiental, en los últimos 5 años están vigentes más de 70 de estos casos, los que han costado el sacrificio de valiosas e irremplazables vidas humanas.

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El Pacto de Escazú amplia el marco de  la protección de los derechos humanos fundamentales, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad de opinión, expresión, manifestación pública y pacífica y la libre circulación de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Proteger a estos defensores es entender que, como nos recuerda el Laudato Si’, “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda cons­truir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.”

Otro factor importante del Pacto de Escazú, es que se inscribe en los propósitos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la cual los Estados miembros de la ONU se comprometieron a “no dejar a nadie atrás”. Esta agenda amplia el camino de la permanente construcción de la voluntad política requerida para poder vivir con una mayor dignidad, prosperidad, sostenibilidad entre las personas y el planeta.

Como IRI Colombia, alianza internacional interreligiosa que proporciona una plataforma de acción con la cual las diversas iglesias y comunidades de fe estamos trabajando unidos en los territorios más deforestados, confiamos que el legislativo procederá de manera responsable frente a la necesidad de dar herramientas para la protección, tanto del medioambiente como de sus abnegados defensores.

Fuente: https://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/un-deber-con-la-casa-comun/54786

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