Según el III Censo de Comunidades Nativas de 2017 el 57% de las comunidades de la Amazonía Peruana no tiene ningún sistema de comunicación. Esta es solo una de las tantas contradicciones que encontramos cuando aterrizamos las normas que nacen en Lima en la realidad amazónica. Una realidad donde muchos padres y madres de familia deben decidir entre trabajar en la chacra o pescar en el río para garantizar la comida o acompañar el proceso educativo. Una realidad donde los docentes que siguen en el territorio lo dan todo para caminar casa por casa. ¿Qué camino seguir en esta situación desigual y lesiva para los intereses de la educación formal en zonas rurales o de dispersión geográfica?

Por: José Carlos Ortega R. *

Maestrando en Antropología & Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades en la Región Andina (PUCP – FU Berlín)

Ya a mediados del 2020, la pandemia del coronavirus tiene dos efectos trágicos en la sociedad nacional peruana: el colapso de los hospitales debido a la cantidad de infectados por covid-19 y el rumbo incierto de la educación formal. Los hospitales llenos y las escuelas vacías: este es el panorama peruano actual. En este artículo me concentraré en abordar críticamente con estadísticas extraídas del III Censo de Comunidades Nativas desarrollado en el 2017 el difícil contexto contemporáneo de la educación formal al interior de las comunidades nativas en la Amazonía peruana.

De las 2703 comunidades nativas censadas[1], el 96,3% cuenta con alguna institución educativa mientras que el 3,7% no dispone de dicho servicio al interior de ellas. El Perú, según el Censo del 2017, tiene 44 pueblos originarios registrados. Cada uno de ellos con su propio idioma o variante dialectal dependiendo de la cuenca donde se asiente determinado pueblo. De esa forma, el 70,5%, de las 2604 comunidades que cuentan con instituciones educativas, posee alguna escuela con enfoque intercultural bilingüe; por otro lado, el 25,5% no brinda este servicio elemental. Si disgregamos por nivel educativo, las comunidades nativas disponen del nivel primario en un mayor porcentaje (93,3%), seguido del nivel inicial (74,1%) y, finalmente, el nivel secundario (23,5%). La población estudiantil suma 125.193 alumnos matriculados en instituciones educativas presentes en 2604 comunidades nativas en el año 2017. Más de 120 mil almas listas para ingresar y aprender en las escuelas de la Amazonía peruana ahora se encuentran en el limbo. La escolarización es abrumadoramente presente en los corazones de las comunidades y en cada una de ellas, de acuerdo a sus particularidades económicas, geográficas y culturales, se forja el futuro de sus familias, pueblos de origen y de la sociedad nacional. Donde hay una comunidad, hay una escuela y docentes preparados para atender las necesidades de miles de niños.

Si bien la educación formal en los primeros niveles al interior de las comunidades no era el óptimo por diversas razones como conectividad vial, acceso a medios de comunicación, ausencia y deserción de docentes, deserción escolar, entre otros, bajo las actuales condiciones de pandemia el acceso a la educación formal en los niveles de inicial, primaria y secundaria al interior de comunidades nativas en el Perú es una pesadilla para los docentes y padres de familia. La educación a distancia es inviable en las instituciones educativas rurales a causa de la deficiente conexión vial, inalámbrica y digital entre la metrópoli y las periferias.

De las 2703 comunidades nativas censadas en el 2017, el 21,6% cuenta con radiofonía; 19,9% tiene servicio de telefonía pública; 4,9% accede a una conexión de TV cable o satelital, 3,6% puede informarse a través de emisoras de radio; 2,9% usan internet; y, 0,5% puede establecer servicio de telefonía celular. Son porcentajes que se muestran como absolutos en el III Censo de Comunidades Nativas del 2017. No obstante, quiénes laboramos en comunidades conocemos que esos porcentajes no son representativos pues en un solo anexo, sector o barrio, es probable que solo uno o dos comuneros dispongan, por ejemplo, de un celular o de un televisor con cable satelital. Usualmente el dueño de estos aparatos es aquel padre de familia que accede a un sueldo estable por su labor ya sea como técnico enfermero, docente u otra actividad económica generalmente de corte extractivista. Asimismo, el III Censo indica que el 57%, en porcentajes absolutos, de comunidades nativas no dispone de ningún servicio de comunicación.

Y, aun así, si dispusiéramos de un celular con acceso a internet y tuviéramos la vocación de enseñar a varios niños, la energía eléctrica sería un pongo difícil de sortear. De las 2604 comunidades que cuentan con el servicio de educación formal, el 17,1% de instituciones educativas posee alumbrado eléctrico; mientras que el 13,7% de las escuelas se alumbran con paneles solares; y, lamentablemente, el 64,5% no dispone ni de panel solar ni de alumbrado eléctrico. Si hay algún padre o madre de familia o docente o autoridad que desee prestar un motor y así iluminar las escuelas de la Amazonía, tiene que pensar en cuánto va a durar el combustible además de dosificarlo de acuerdo a las contingencias propias de una comunidad nativa (i.e accidente, gestión, comunicación). El costo del flete de combustible, la emergencia o prioridad y la escasez son factores que complican el alumbrado de las instituciones educativas de la cuenca amazónica. El precio de los galones de combustible puede llegar a variar de acuerdo a la distancia entre una comunidad y las capitales distritales, provinciales, regionales, puertos y centros poblados. ¿Valdría la pena perder un jornal o varios por un par de horas de luz en una escuela? Los padres de familia se encuentran en una situación difícil. Es preferible utilizar un mechero para que los niños hagan su tarea en vez de los galones de combustible que servirían para transportarse en caso haya alguna emergencia de vida o muerte.

Foto: Coharyima

El sector rural se encuentra en estado de emergencia educativo y las comunidades nativas son una muestra de este desastre. Hay que pensar, además, que los comuneros no se dedican a laborar exclusivamente en actividades de auto subsistencia pues existe la diversificación económica al interior de sus comunidades. Por ejemplo, el turismo vivencial que ha sido promovido tantos años por el Estado y organizaciones no gubernamentales ahora ha desaparecido. Una madre que antes vendía artesanías, un padre que trabajaba como transportista, una familia que se dedicaba al guiado y a la venta de comida… todos ellos ya no cuentan con esos ingresos monetarios. Sin kuriki no se puede seguir pagando el internet ni el cable satelital, entonces, wainiami “Aprendo en Casa”.

Además, los padres de familia no pueden dictar o darle seguimiento o auxilio a sus hijos en materia académica cuando tienen la responsabilidad de conseguir una saca de yuca, un cesto de plátano o unos pescaditos para alimentar a la familia. Las horas empleadas en el trabajo de la chacra, monte o río obligan a priorizar a las familias de los bosques amazónicos entre seguir estudiando o laborar para vivir. También no disponen de la metodología ni la teoría pedagógica para ayudar a sus niños en las tareas escolares asignadas por los docentes. Escenario que se comparte con el resto de padres en zonas urbanas y rurales en el resto del Perú; no obstante, en el caso de comunidades nativas, las brechas educativas intergeneracionales se acentúan y generan mayores dificultades para los padres de familia, quiénes ahora asuman la tarea de educar formalmente bajo los estándares nacionales a sus hijos cuando ellos en su infancia y juventud han tenido serias dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura en castellano.

Así, bajo el paraguas de la pandemia, los docentes que actualmente se encuentran en comunidades nativas lo dan todo en cada visita casa por casa. Innovan en sus sesiones a pesar de las carencias y dificultades de orden económico, de conectividad y geográfico. Tienen que caminar horas para darle fichas a un solo niño o niña. Desde Lima piensan teóricamente que los hogares se nuclean alrededor de la infraestructura de la escuela; no obstante, es una verdad a medias porque no existe el concepto de comunidad nativa genérica. Es decir, las comunidades pueden estar asentadas en las riberas de los ríos, en montes o en carretera; e inclusive el tamaño de población es un indicador que grafica cuánto tiempo y energías debe emplear un docente para llegar a todos sus alumnos. No puede quedar ni un niño atrás y hay que ir a verlo a pesar de que su hogar se encuentra alejado del resto de casas. Deben explicar allí bajo el techo de irapay, yarina, crizneja o calamina la sesión a sus estudiantes. A veces rodeados de sonidos que interrumpen la sesión preparada por el docente: llantos de niños pequeños, ladridos de perros, graznidos y cacareos de aves de corral, etc. No es definitivamente lo mismo estar en aula que compartir el mismo espacio con distintas voces y sonidos. También el docente debe pensar de dónde pueden obtener los materiales tales como papel, tinta, entre otros. Si salen de la comunidad para comprar los materiales, probablemente no puedan volver por el temor a contagiar a los alumnos, padres o ancianos. Tienen que avisar a la junta directiva de esa diligencia y seguir protocolos estrictos para evitar contagiarse ellos y contagiar a los miembros de la comunidad. Y si logran ser autorizados por los apus, presidentes o jefes de la comunidad para ir a la ciudad y conseguir materiales, es prioritario tener dinero para comprar los materiales de escritorio. A veces el dinero emerge de sus bolsillos; en otras ocasiones, de colaboraciones entre la APAFA y la institución educativa. ¿Acaso el docente no se cansa?, ¿no tiene hambre?, ¿no siente?, ¿no tiene familia? Se le exige darlo todo, inclusive su salud, en este contexto tan complejo, tan desigual. Es una labor de 24 horas los 7 días a la semana ser maestro o maestra en el Perú. El amor y la vocación por la educación no son suficientes, no bastan cuando hay serias falencias e inequidades en las aulas y en los hogares peruanos.

Foto: M. A. Marugán

¿Qué camino seguir en esta situación desigual y lesiva para los intereses de la educación formal en zonas rurales o de dispersión geográfica? El Viceministerio de Gestión Pedagógica ideó una respuesta que es extraída desde la teoría, pero sin conocimiento etnográfico del contexto socioeconómico al cual hace referencia. En la Resolución Viceministerial N°97-2020-MINEDU con fecha del 21 de mayo del presente año, se aprobó el documento normativo titulado «Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19»[2].

En el punto 5. Desarrollo del Documento Normativo indica:

«5.1.4 En las zonas rurales o de dispersión geográfica, se implementa mecanismos de comunicación a través de la radio y la televisión (énfasis mío), en los ámbitos donde esta llegue. Se complementa con orientaciones pedagógicas elaboradas por el Minedu dirigidas a los profesores y el desarrollo de sesiones de aprendizaje mediante la radio y televisión local (énfasis mío), de la estrategia “Aprendo en casa” u otra que para tal fin implemente el Minedu; para lo cual las UGEL deben establecer comunicación con los directivos, profesores y auxiliares de educación, con el propósito de articular acciones a fin de dinamizar el servicioeducativo en las IIEE de su ámbito. Adicionalmente se brindarán orientaciones y mensajes a las madres y los padres de familia o tutores a través de radio, televisión local o megáfono (altoparlantes) (énfasis mío) en comunidades muy alejadas para orientarlos y se comprometan a participar en casa, en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas». 

Después de haber demostrado con estadísticas de un censo nacional, este documento normativo adolece de conocimiento etnográfico sobre las comunidades nativas o de dispersión geográfica donde se deberían aplicar estas normas. Si no hay alumbrado, ¿cómo cargar mi celular? Ante la carencia de medios de comunicación, ¿cómo coordinar? Los padres y niños laboran en las mañanas en las chacras; los docentes pueden ir a las casas y lo hacen, pero no van a hallar un porcentaje representativo de su alumnado. La dispersión es alta y un megáfono se escucha solo en los alrededores del local comunal donde existe la alta probabilidad de que no se encuentren ni niños ni adultos en las mañanas. Asimismo, confiar en que estén en óptimas condiciones los megáfonos de las más de dos mil comunidades es comparable a tirar un anzuelo en un río para saber si vamos a pescar un zúngaro. “¿Aló, señor X? Por favor dígale a su hijo que me envíe una foto de sus fichas al Whatsapp. Gracias”. El documento normativo no es viable al menos en zonas de alta dispersión geográfica y con dificultades en los servicios de comunicación y alumbrado. La educación formal en zonas rurales, sobre todo en comunidades nativas, enfrenta un problema estructural que no se resuelve con documentos normativos.

Finalmente, en el artículo 17, ubicado en el ‘Capítulo II: Derechos Sociales y Económicos’ de la Constitución de la Republica del Perú de 1993, se señala tanto la obligatoriedad de la educación en los niveles de inicial, primaria y secundaria además de ser gratuita en las instituciones del Estado. Es un derecho amparado en la Constitución. En este contexto, es obvio que ahora la educación pública no existe, no es viable, es una quimera. Ya a mediados del 2020, cada hogar peruano debe seguir pagando para tener internet, TV por cable o satelital y señal de telefonía, de esa forma, se puede acceder a los programas de “Aprendo en Casa”. Si no hay papel moneda, el alumno matriculado en una institución pública no puede acceder a un derecho elemental protegido por la Constitución. Por ello, es urgente proponer que el acceso al internet sea libre, eficiente y gratuito. La universalidad de la educación ahora más que nunca está vinculada al servicio de internet. Es lo justo y necesario. Y para ello se debe pensar e implementar una estrategia nacional educativa donde los servicios de comunicación sean universales y públicos. No puede seguir en las manos de un monopolio porque la educación formal es un derecho humano y no un negocio.

Permitir que una o varias generaciones de jóvenes peruanos no accedan a la educación es un atentado aberrante a la esperanza y al futuro del país. No se puede mantener la desigualdad y ahondarla en este contexto de pandemia solo por proteger los intereses de una empresa. El coronavirus no solo nos está matando en los hospitales a los peruanos, sino también está minando el futuro académico e intelectual del país. Es una crisis educativa que afectará a varias generaciones, si no se eliminan los privilegios monopólicos de una empresa. Las desigualdades en el sector educativo deben disminuir hasta el punto de desaparecer pues debe primar la libertad en las aulas y afuera de ellas. El único camino para reconstruir el Perú después de esta pandemia es confiar en las capacidades intelectuales de los jóvenes profesionales que vendrán y el Estado debe asegurar su formación y promoción. Nadie se queda atrás.

 

Fuente:  CAAAP

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