Derrames en la Amazonía: Ayuda humanitaria no llega a los más afectados

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Derrame en comunidad de Naranjal. Imagen es del martes 29 de noviembre. Foto: Edwer Del Águila

Nada, o casi nada, parece haber cambiado en favor de las comunidades nativas afectadas este año por derrames de petróleo que han tenido como origen el Oleoducto Norperuano, infraestructura que opera la empresa estatal Petroperú hace más de cuatro décadas.

La conmoción para sus habitantes se vive en por lo menos dos episodios que son recurrentes.

El primero consiste en ver cómo sus ríos, quebradas y suelos se ennegrecen con el avance del crudo y saber todo lo que ello implica, y el segundo radica en advertir cómo cualquier luz de esperanza mengua ante el desinterés o las falsas promesas de las entidades estatales.

Según diversas declaraciones, esto último estaría pasando con varias de las comunidades afectadas por los once derrames reportados en el año que ya culmina. Recientemente, el tema fue visto en la última ronda de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá.

El caso de Nueva Alianza

El 19 de agosto, la comunidad kukama de Nueva Alianza, en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto, sufrió el derrame de más de cuatro mil barriles de crudo.

Se trató del quinto y sexto derrame del año, y se contabilizó así por registrarse la fuga en dos puntos del oleoducto separados uno del otro por una distancia de mil 300 metros, ambos cerca del río Marañón.

Dos meses después –el 22 de octubre– la tragedia se volvería a repetir cerca de la misma comunidad, en lo que sería el noveno derrame del 2016 (el séptimo ocurrió en la comunidad de Monterrico y el octavo en la comunidad de 6 de julio, los dos en Urarinas).

Para entonces, el 1 de setiembre se había iniciado una protesta en Saramurillo, en el mismo Urarinas, con la participación de representantes de más de 30 comunidades de las cuencas del Marañón, Corrientes y Tigre, agrupadas en cinco federaciones.

A raíz de la permanente protesta, que tenía como principal bandera el reemplazo o la reparación del ducto, el Gobierno se sentó a dialogar recién los días 11 y 12 de octubre.

Uno de los acuerdos logrados fue, explica Nancy Roca, religiosa de Santa Rita de Castilla del distrito vecino de Parinari, quien asistió a la cita como observadora, la dotación de alimentos y agua para Nueva Alianza y Monterrico, esta última afectada por un derrame el 24 de setiembre.

“El compromiso, en este caso de Petroperú, fue de entregar once mil litros de agua a cada comunidad”, señala la religiosa. No obstante, a la fecha este no se ha cumplido. Así lo confirmó el miércoles último, vía comunicación telefónica, Leslie Yuyarima, hermana del apu o presidente de Nueva Alianza, Gilter Yuyarima.

Ella aclaró que se cumplió con la entrega de una dotación de alimentos, que tuvo lugar el 22 de octubre, pero que “el agua nunca llegó”.

De otro lado, Reyner Flores, morador de la misma comunidad, manifestó que los trabajos de limpieza del crudo en la zona no se estarían realizando de manera adecuada, y que por ello “la población teme que con la llegada de las lluvias, el petróleo (que no ha sido recogido) siga levantándose”.

“Nosotros no sabemos dónde apelar o a quién recurrir, lo que necesitamos ahora es medicinas para nuestros niños”, invocó el poblador, preocupado por la salud de los cientos de menores que habitarían Nueva Alianza.

Cabe precisar que, según los entrevistados, esta comunidad no participó de la protesta en Saramurillo que culminó el martes 29 de noviembre –luego de casi tres meses– con la firma de un acta con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y otras oficinas del Estado, así como con autoridades regionales, observadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

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Reunión en Saramurillo con ministra de Justicia y otros representantes del Estado. Foto: Feconat

Inmovilidad ante la emergencia

El 29 de octubre, una semana después de que se registrara el tercer derrame en Nueva Alianza (el noveno del año), el Gobierno se vio obligado por presión de la protesta en Saramurillo, a declarar el estado de emergencia por 60 días en Urarinas y Parinari.

Si bien el decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reconoce “daños en la salud de la población y sus medios de vida”, es muy poco lo que se habría hecho en atención a ello.

“Yo entiendo que es como si habláramos de un incendio, si es una emergencia se acude rápido, pero vemos que esto no pasa una vez que se ha emitido el decreto”, cuestiona Roca. La religiosa reconoce además que hay varias comunidades vecinas afectadas por derrames que no han recibido ayuda como es el caso de San Antonio –que figura en el decreto–, en el mismo Urarinas.

Vale señalar, según informó el sitio web Mongabay, que en la emergencia fueron incluidas nueve comunidades aguas abajo de Nueva Alianza, pero que tanto esta como Monterrico –donde el 24 de setiembre se había registrado un derrame– no se encontraban amparadas por la medida.

Contaminación histórica del Marañón

En el corazón de la región Loreto, los ríos Chambira y Urituyacu confluyen con el Marañón. En el círculo que conforman, habitan los pueblos kukama y urarina que se encuentran representadas en las federaciones AIRDECUCHA, FEKURU y ACODECOSPAT, la primera del Chambira, la segunda del Urituyaci, y la tercera del Marañón.

Sus líderes estuvieron en Lima la última semana de noviembre, para exigir al Estado que se cumpla con la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por los derrames recientes y otros del pasado, como el ocurrido en la comunidad kukama de Cuninico en 2014.

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Apus del Urituyacu, Marañón y Chambira. Al centro, Alfonso López, presidente de la Acodecospat. Foto: CAAAP

Las citadas tres federaciones que representan a alrededor de 70 comunidades, solo en el distrito de Urarinas, optaron por no unirse a las protestas en Saramurillo. No obstante, precisaron su respaldo para exigir que se asista en salud, agua y alimentos a Nueva Alianza y otras comunidades vecinas.

“Estamos aquí para exigir lo que en el marco de la declaración de emergencia (del 29 de octubre) se ha prometido entregar a nuestros hermanos, los que verdaderamente están afectados por los derrames”, sostuvo Alfonso López, presidente de la federación kukama Acodecospat.

En el caso de Cuninico, esta comunidad sí participó del diálogo en Saramurillo.

Pero la visita de López también tuvo como fin reunirse con la ministra Pérez Tello y el premier Fernando Zavala, para tratar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con las cuencas del Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, a inicios del 2015, cuando era presidente Ollanta Humala.

Situación de las tuberías

Cabe precisar en este punto que el Marañón y las cuencas vecinas han sido por décadas blanco de la contaminación por causa del Oleoducto Norperuano, el cual, según el propio Osinergmin, oficina encargada de supervisar a empresas de energía como Petroperú, no ha recibido mantenimiento en los últimos 16 años.

Son dos las principales tuberías que nacen de la selva norte de Perú, y van con dirección este a oeste para luego unirse y terminar en una sola y desembocar en la costa de la región Piura. En su trayecto ocupan territorios de pueblos indígenas u originarios y ribereños.

A inicios de noviembre, debido a la seguidilla de derrames, Petroperú declaró su oleoducto en emergencia. Ya en febrero, luego del segundo vertido (en Morona, Loreto) y por orden del Osinergmin, Petroperú canceló el bombeo de crudo.

No obstante, meses después, para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el Oleoducto seguía bombeando. Esto en razón del derrame ocurrido el 24 de junio, el tercero del año, en el distrito de Barranca, en Loreto.

Los derrames posteriores, según la empresa estatal, corresponderían a remanentes contenidos en las tuberías.

No obstante, el vertido de crudo que abrió el año se reportó el 25 de enero en la localidad de Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas (oeste de Loreto). La versión oficial señaló en su momento que se habían derramado más de 4 mil barriles, los que llegaron hasta las aguas del río Chiriaco, que es afluente del Marañón.

Con la asesoría del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y otras instituciones, el 18 de noviembre las comunidades nativas awajún de Nazareth y Wachapea presentaron una demanda de amparo en el Juzgado Mixto de Bagua contra el Ministerio de Salud y otros organismos.

Señalan que dicho ministerio no ha cumplido a la fecha con realizar un análisis integral de salud, lo cual incluiría un examen de sangre, cabello y orina a la población afectada. La situación es sumamente grave si además se toma en cuenta que en las labores de limpieza se permitió el trabajo de menores de edad.

Derrame en Naranjal, penúltimo hasta el momento en lo que va del 2016

El penúltimo derrame de lo que va del año se produjo el 2 de noviembre en la comunidad de Naranjal, en el distrito de Lagunas, provincia loretana de Alto Amazonas. Petroperú informó el mismo día que ya había logrado controlar la fuga.

No obstante, ha pasado un mes y el vertido tóxico se mantiene en la zona. Así lo demuestran recientes imágenes difundidas en las redes sociales y medios locales de Loreto.

Según Edwer Del Águila, periodista que estuvo en Naranjal hace algunos días, Petroperú colocó una grapa a la tubería y desde entonces no se le vio más; hasta recién el miércoles 30 de noviembre, en una reunión donde se anunció que los trabajos de limpieza se iniciarán el lunes 5 de este mes.

Del Águila informó que “gracias a dios”, la comunidad “aún tienen una cocha donde crían sus peces y que aún no ha sido contaminada, pero si el derrame persiste (o no se limpia) la cocha será alcanzada”.

El petróleo ha alcanzado un espesor de más de un metro, con ocho metros de ancho y aproximadamente 800 metros de largo, apuntó el diario Pro y Contra sobre dicho derrame.

2016: Derrames de crudo en la Amazonia peruana que han tenido como origen el Oleoducto Norperuano
Fecha Comunidad o punto en principio afectado Región Provincia / distrito
1 25 de enero Quebrada de Inayo Amazonas Bagua, Imaza
2 3 de febrero Mayuriaga Loreto Datem del Marañón, Morona
3 24 de junio Barranca Loreto Datem del Marañón, Barranca
4 10  de agosto Quebrada de Uchichiangos Amazonas Condorcanqui, Nieva
5 19 de agosto Nueva Alianza Loreto Loreto, Urarinas
6 19 de agosto Nueva Alianza Loreto Loreto, Urarinas
7 24 de setiembre Monterrico Loreto Loreto, Urarinas
8 14 de octubre 6 de julio Loreto Alto Amazonas, Lagunas
9 22 de octubre Nueva Alianza Loreto Loreto, Urarinas
10 2 de noviembre Naranjal Loreto Alto Amazonas, Lagunas
11 10 de noviembre Maypuco Loreto Loreto, Urarinas

Fuente: Elaboración propia

Otro derrame al que no se le presta atención es al ocurrido en la comunidad kukama de 6 de Julio, el pasado 14 de octubre. Este se presentó en el distrito de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas, en un punto muy cerca del río Nucuray que es afluente del Marañón.

Muy cerca de 6 de Julio se ubica la comunidad de Nueva Unión, también afectada por el mismo derrame y el de Monterrico. Según José Lachuma Caritimari, apu de esta comunidad, “a Nueva Unión no ha llegado agua, ni alimentos, ni nada”.

El conversación telefónica, el líder de la comunidad kukama se manifestó preocupado porque los meses de lluvia en la zona ya empiezan y en el mes que llevan trabajando personal contratado por Petroperú, “no se ha avanzado lo suficiente en el recojo del crudo”.

Realidades similares

La realidad al norte de Loreto no sería tan diferente. Es lo que vendría ocurriendo en el distrito de Morona, en la provincia de Datem del Marañón, donde el pasado 3 de febrero se reportó el derrame de alrededor de tres mil barriles de petróleo por causa del Oleoducto Norperuano.

“En Morona sigue el petróleo, ahí se ha echado un líquido para que se asiente,  pero escarbas un poco y sale el petróleo”, dice Lucero Guillén, religiosa del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, quien visitó recientemente la zona que es de difícil acceso, lo que hace que la entrega de cualquier tipo de ayuda demoré mucho más tiempo de lo que es habitual en la selva.

Según explicó Guillén, Petroperú viene entregando en la zona dos bidones de agua, cada uno de 20 litros, por familia cada 15 días. Esta cantidad, que resulta insuficiente, según dijo, está obligando a que las personas consuman agua del río que estaría aún contaminada.

“Lamentablemente los derrames petroleros se han convertido en acontecimientos cotidianos. Cada uno constituye una verdadera tragedia para las comunidades indígenas pues atenta directamente contra la vida de la población, que depende y se organiza alrededor del territorio y el río”, explica al respecto Ismael Vega, director del CAAAP.

El mismo calificó de “escandaloso” que ante los derrames ocurridos en los últimos años “el Estado no haya sido capaz ni haya tenido la voluntad política necesaria para tomar las medidas que eviten nuevos derrames y solucionar las graves consecuencias de los que ya se han producido generando condiciones para el incremento de los conflictos sociales.”

Acciones recientes

Consultado sobre la falta de alimentos y el agua que nunca llegó a Nueva Alianza, Alfredo Carrasco, director de defensa nacional del Gobierno Regional de Loreto, informó que el INDECI trasladará desde Lima alimentos como arroz, fideos, aceite, frejoles y conservas.

Según indicó vía telefónica, esta dotación llegará a Maypuco, poblado principal de Urarinas, en los próximos días.

Carrasco indicó de otro lado que no tiene conocimiento del destino del agua que debió entregar Petroperú tanto a Nueva Alianza como a Monterrico.

La grave situación en las zonas de derrames motivó que el tema sea presentado ante la CIDH. De este modo, el viernes 2 de diciembre el caso fue expuesto en el marco de una audiencia temática sobre violación de los derechos humanos de las mujeres en el contexto de las actividades extractivas.

El caso fue expuesto por Gladis Dávila de la comunidad de Lisboa en el Marañón, distrito de Nauta, provincia y región de Loreto.

Vale indicar en este punto que en la mayoría de casos Petroperú ha responsabilizado por los derrames a terceros, llegando incluso a señalar, en más de una ocasión, que son las propias comunidades afectadas las que rompen el ducto. A la fecha, la empresa estatal no ha mostrado pruebas contundentes al respecto.

De otro lado, luego de la firma del acta del 29 de noviembre, entre representantes indígenas y del gobierno en Saramurillo, el martes 6 de diciembre se retomará el diálogo para tratar un total de siete puntos, entre los que figuran la reparación o reemplazo del oleoducto, la remediación de sitios contaminados y la compensación para las comunidades afectadas.

Asimismo, la creación de una ley de monitoreo ambiental y una “comisión de la verdad” para evaluar los impactos de más de 40 años de actividades petroleras mal llevadas, entre otros.

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