Mujeres afectadas por actividades extractivas en Perú encuentran espacio ante la CIDH

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Imelda Chung, madre indígena de la cuenca del río Pastaza, en la región Loreto. En setiembre llevó su caso por contaminación por petróleo hasta las Naciones Unidas. Foto: Puinamudt

Del terreno baldío que dejan las actividades extractivas a la comisión de derechos humanos más importante de la región. El próximo 2 de diciembre, mujeres de comunidades indígenas afectadas por actividades mineras y de hidrocarburos participarán de una audiencia temática en el marco del 159º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia se programó en respuesta a una petición presentada por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, y tendrá lugar en el hotel Radisson Decapolis de Panamá.

Según se lee en la solicitud presentada por el colectivo civil, la audiencia buscará alertar sobre las “vulneraciones diferenciadas, generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres indígenas en contextos de actividades extractivas”.

De acuerdo al documento presentado ante el organismo supranacional a inicios de octubre, estas actividades “afectan a los derechos fundamentales de las mujeres indígenas como algunos derechos colectivos o el derecho a la salud y a la integridad personal o a un medio ambiente sano.”

En cuanto a afectaciones directas al derecho a la salud de las mujeres hacen referencia –explica la petición– figura el aumento de abortos espontáneos y partos difíciles en regiones altamente contaminadas por la explotación petrolera o minera.

Además, se cuentan restricciones al acceso a la alimentación o al agua que tienen implicancias particulares para las mujeres. Entre los casos citados se cuenta el de la campesina Máxima Acuña, quien desde hace años es blanco de abusos por parte de la empresa minera Yanacocha a cargo del proyecto Conga.

También se reseña el caso de las mujeres de las comunidades nativas afectadas por las actividades petroleras en las regiones Amazonas y Loreto, por causa del deterioro del Oleoducto Norperuano que opera la empresa estatal Petroperú.

La respuesta al pedido del Grupo de Trabajo de la Coordinadora se conoció el 2 de noviembre a través de un comunicado firmado por Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Perú lo conforman el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, Fedepaz, la Red Muqui, entre otras organizaciones.

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